Carlos Rodríguez, administrador de la comunidad de la Asociación Elite Taxi de Barcelona y vicepresidente del ‘Taxi Project 2.0’, dice que la última maniobra de la Comunidad de Madrid para proteger los intereses de las plataformas de VTC será a costa de los ciudadanos y del medio ambiente, así como del taxi, y debe ser detenida.
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EL pasado miércoles [4 de mayo] y sin aviso previo, el gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por el PP de Isabel Díaz Ayuso, anunció de manera oficial la aprobación de la modificación de la ley de ordenación de los transportes terrestres de la Comunidad de Madrid ( Ley 20/1998) por la cual se procede a habilitar a los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) para que a partir de octubre, una vez que se aplique el decreto Ábalos ( ley 13/2018, la norma estatal por la cual estos tipos de vehículos deben dejar de operar para trayectos urbanos ese mismo mes) sigan circulando como lo han hecho hasta ahora, pese a que por parte del gobierno, ya han sido indemnizados para que sean retirados por cuestiones de movilidad y de sostenibilidad.
Es decir, la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP ( partido conservadora, liberal en algunas cuestiones y condenado por corrupción), acaba de crear una ley autonómica para evitar cumplir con la ley estatal, manteniendo miles de vehículos VTC que deberían ser retirados de la circulación, con el objetivo de beneficiar a varias empresas e inversores (entre ellas Uber, Cabify o Bolt que han visto como el valor de sus autorizaciones subían más de un 30% después del primer anuncio de la modificación) perjudicando de manera muy grave tanto al sector del taxi en particular, como al resto de transportes en general ( incluyendo servicios públicos como el autobús urbano o el metro) y que se verían afectados por miles de vehículos de estas empresas ocupando un espacio cada vez más limitado en nuestras ciudades y dónde la contaminación cada día afecta más y a un mayor número de personas y dónde por ejemplo, los taxis estan controlados por número de habitantes.
Por si fuera poco, aparte de este abuso por parte de la administración madrileña, estamos hablando de que esta ley para los vehículos VTC ha sido aprobada sin desarrollar ningún régimen sancionador, es decir, la Comunidad de Madrid pretende permitir que esas miles de VTC de Uber y Cabify aparte de circular de manera ilegal, incumpliendo el decreto estatal, lo hagan sin normas y sin reglas.
Régimen sancionador que sí que redactó el gobierno estatal con el PSOE y Podemos a la cabeza y por el cual, esta misma semana se ha anunciado que en las sanciones a los vehículos VTC de han incrementado un 42% en el 2021 y con respecto al año anterior.
Y por último, el PP tampoco ha tomado medidas sobre las miles de quejas que se publican a diario en redes sociales por parte de los clientes de estos servicios, en los que son obligados a firmar cláusulas que podemos demostrar desde Taxi Project que son claramente abusivas y las cuales hemos denunciado mediante una reclamación ante la dirección general de consumo de la Comunidad de Madrid, la cual ya ha abierto una investigación contra Uber y Cabify para esclarecer los hechos y actuar en consecuencia.
Tenemos que reconocer que desde Taxi Project no nos coge de sorpresa todos estos movimientos por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ya que desde un primer momento y en vista de que el tiempo se acaba para los grandes empresarios e inversionistas de más VTC, está utilizando las instituciones públicas para crear leyes en su beneficio, perjudicando de este modo al interés general hasta el punto de permitir que sigan operando de manera ilegal miles de vehículos a los que ya se les ha pagado por ser retirados de la circulación por el perjuicio que suponen para todos.
Por esto, ya hemos presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo, ( órgano encargado de controlar a las diferentes administraciones del estado español) por no tener en cuenta nuestras alegaciones al anteproyecto de ley, lo que consideramos es una infracción al procedimiento administrativo (ley 39/2015) y por lo que hemos solicitado que se declare nula está modificación.
Por otra parte, la Federación Profesional del Taxi de Madrid ( asociación mayoritaria de la capital formada por más de 6000 taxistas ) también han advertido que va a demandar por prevaricación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso por redactar una ley autonómica para intentar infringir una ley estatal.
Está acción es otra de muchas, como la ley Ómnibus por la que el mismo PP de la Comunidad de Madrid pretende privatizar los servicios públicos, como la sanidad , adjudicando contratos a empresas cercanas a la presidenta, provocando recortes de personal y servicios deficientes o por la que de igual manera, está intentando favorecer a grandes constructoras permitiendo construir en espacios protegidos, entre otras cuestiones.
Nosotros ya estamos actuando, trabajando con partidos de la izquierda, yendo al Defensor del Pueblo o estudiando movimientos judiciales, no sólo por el taxi, sino por toda la sociedad civil que se va a ver afectada por estas políticas neoliberales y salvajes para favorecer a unos pocos. Unos pocos que hemos demostrado que evaden impuestos, infringen las normas, incumplen los derechos de los consumidores y perjudican a resto de transportes y al resto de ciudadanos.
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