Carlos Rodríguez, vicepresidente del Taxi Project 2.0, grupo de reflexión a favor del sector del taxi en España y en contra de la Uberización, escribe para el Gig Economy Project sobre sus batallas a nivel regional, nacional y europeo, y por qué luchar junto a los riders sigue siendo una prioridad absoluta.
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Cuando decidimos crear Taxi Project teníamos claro que nuestro objetivo era luchar por los derechos de los trabajadores del taxi en las altas esferas de las principales instituciones. Sabemos que es ahí donde empresas como Uber, Cabify, Bolt y Free Now llevan años presionando con su poder, dinero e influencia para poder monopolizar todo el transporte de viajeros y someter tanto a taxistas como a usuarios a sus imposiciones, normas imperativas y derechos.
Durante años, a pesar de sufrir el acoso de estas empresas, los taxistas han sabido salir adelante y ganar en los tribunales. La primera fue en 2017, cuando Élite Taxi Barcelona consiguió que el TJUE declarara ilegal el servicio “Uber Pop”. También denunciamos la evasión fiscal de Uber ante la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional en 2020.
Posteriormente, Uber intentó cambiar las leyes junto con Cabify y con la ayuda de la CNMC (organismo público independiente encargado de evitar que las empresas abusen de los consumidores) para forzar una liberalización de taxis y VTC. El objetivo era eliminar cualquier limitación prevista en la ley para evitar una invasión de vehículos VTC en las ciudades. Recurrimos ante el Tribunal Supremo, que volvió a fallar a favor de los taxistas.
En 2020, tanto Cabify, Bolt como la propia Uber, tras sufrir una importante caída de servicios provocada por la pandemia, centraron sus esfuerzos en trabajar tanto con taxis como con vehículos VTC. Esta nueva estrategia encontró una fuerte oposición en Barcelona, donde su presencia es mínima, ya que la mayoría de los taxistas catalanes se han negado a trabajar con Uber. En respuesta a esto, Uber denunció a Élite Taxi y a Taxi Project ante la CNMC por considerar que les estábamos boicoteando, ya que nuestros dirigentes manifestaron públicamente su oposición a trabajar para ellos.
Actualmente la CNMC, pese a depender del estado español, está presidida por el ex abogado de Uber que perdió el caso contra Élite Taxi en el TJUE. La CNMC también ha sido señalada en los Uber FIles porque el gigante de Silicon Valley consideraba que era una de las instituciones públicas favorables a su modelo de negocio y podía facilitar su entrada en España.
La ACCO, delegación de la CNMC en Cataluña, ha condenado a Élite Taxi a pagar una multa de 123.000 euros por este supuesto ‘boicot’. Élite Taxi y Taxi Project consideran que se trata de un ataque a la libertad de expresión y que Uber está utilizando a la CNMC para anular nuestros sindicatos porque somos un incordio para ellos y saben que nuestro punto débil es el factor económico.
En 2023, el TJUE volvió a pronunciarse, afirmando que las limitaciones establecidas por la ley española a los vehículos VTC, ratificadas por el Tribunal Supremo, no se ajustaban al derecho europeo. En respuesta, el Gobierno español elaboró en junio de este año una nueva ley que limita los VTC, que ya ha sido denunciada en Bruselas por las principales patronales del sector que trabajan para Uber, Cabify y Bolt.
Por último, en la Comunidad de Madrid el gobierno de Isabel Díaz Ayuso del PP (derecha conservadora) ha modificado las leyes de transporte para beneficiar a Uber. Hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno de Ayuso.
En resumen, tenemos frentes abiertos en Europa, en las instituciones españolas e incluso en las comunidades autónomas. A pesar de enfrentarnos a todo esto, también somos conscientes de que no podemos limitar nuestra lucha a los taxis. Nos estamos organizando con el resto de trabajadores que están sufriendo las consecuencias de este modelo empresarial deshumanizador, basado en la precariedad y la pérdida de derechos y con el único objetivo de seguir engordando las cuentas de beneficios de estas empresas y sus inversores.
Los usuarios y taxistas nos vemos afectados colectivamente por la uberización de la economía, por eso nos unimos para poner freno a las políticas de todas estas empresas, porque sabemos que el afán de Uber, Glovo, Cabify y Bolt por hacerse con el control del taxi y el reparto no va a quedar ahí. Lo que hemos sufrido los taxistas lo puede sufrir en el futuro cualquier otro colectivo de trabajadores.
Por ello, ante la responsabilidad de riders y taxis de frenar los abusos de estas plataformas, se creó hace poco más de un año el Observatorio TAS por parte de RidersXDerechos, Élite Taxi Barcelona y Taxi Project 2.0.
El Observatorio TAS ha interpuesto una demanda contra Glovo por formar un cártel, y hemos presentado dos querellas criminales contra Uber Eats y la propia Glovo.
La ‘Ley Rider’ que entró en vigor el 12 de agosto de 2021, aprobada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que obligaba a las empresas de reparto a contratar trabajadores para acabar con el falso modelo de autónomos, provocó la salida de Deliveroo de España. Ha habido más de 200 millones de euros en multas para Glovo, porque a pesar de que en 2020 el Tribunal Supremo dictaminó que existe una relación laboral entre los trabajadores y Glovo, la empresa sigue utilizando el falso modelo de autónomos, por el que ahora los directivos de Glovo y Uber Eats se arriesgan incluso a penas de cárcel.
En este caso acusamos al gigante de Silicon Valley y a la multinacional española de los delitos de fraude fiscal y a la Seguridad Social, así como de la criminalidad que supone el uso continuado de falsos autónomos desde 2017, vulnerando así la Ley Rider.
Seguimos avanzando con todos estos objetivos en mente y con la convicción de que la unión hace la fuerza. Ha sido muy complicado porque, en primer lugar, somos trabajadores, no cobramos un sueldo por nuestra actividad sindical.
Las acciones que emprendemos para defendernos de los ataques de todos estos gigantes las hacemos perdiendo un tiempo que deberíamos dedicar a nuestro trabajo, a nuestras familias y a nuestro descanso. Pero esa es la ventaja con la que cree jugar este sistema neoliberal, mantenernos ocupados trabajando para que no tengamos tiempo de organizarnos. Y si es complicado organizar a un colectivo tan atomizado como el del taxi, es toda una hazaña poder unirse con los riders.
Pero con mucho trabajo lo estamos consiguiendo. En poco tiempo hemos pasado de resistir la embestida de gigantes, que parecían poder pasar por encima de los gobiernos, a ser capaces de organizarnos y hacerles retroceder. Sabiendo cómo atacar y cuál es el momento más adecuado, y sobre todo, exigiendo y reclamando lo que es justo en los tribunales, ante las instituciones públicas y ante la opinión pública.
Esto sólo es el principio. Como hemos indicado en muchas ocasiones, no nos van ha hacer retroceder y vamos seguir mirando cara a cara a cualquier empresa, institución o persona que esté atentando contra los derechos de cualquier compañera o compañero.
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