Carlos Rodríguez – Uber y la corrupción en Madrid

El Partido Popular, conocido por su corrupción, ahora dirige los gobiernos regional y municipal en Madrid. Este está utilizando su nuevo poder para liberalizar el sector del taxi en la capital española. Como era de esperar, los vínculos entre las figuras principales del PP en Madrid y las plataformas digitales Uber y Cabify son profundas, explica Carlos Rodríguez de Taxi Project 2.0.

Carlos Rodríguez Expósitoes un taxista activista

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La historia de la UE ha sido una de destrucción de las estructuras sociales y económicas en los estados miembros para promover los intereses de las corporaciones transnacionales. No hay ningún aspecto de la vida o campo de los negocios que quede indemne a la campaña de destrucción neoliberal de la UE. La clase política en la UE ha aprendido a utilizar este proceso para sus propios fines financieros. Los taxistas independientes tradicionales de Madrid se encuentran entre sus víctimas más recientes.

Para comprender lo que está sucediendo hoy en Madrid en el sector del taxi, tenemos que volver a 2009, cuando el gobierno socialdemócrata del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero transpuso la directiva europea 123/2006 a la llamada Ley Ómnibus (Ley 25/2009). Esta ley eliminó lo que se conoce como la ratio 1/30, que se había aplicado desde 1998. Esto significaba que, para preservar el taxi como un servicio público de interés general, por cada 30 taxis solo podía haber una VTC privada (un vehículo de transporte alquilado con chófer).

Cuando se eliminó esta relación, el cumplimiento de la Directiva Europea 123/2006 quedó debilitado fatalmente, ya que este requería medidas para proteger y prevenir la liberalización del servicio de taxi. Al eliminar la proporción de 1/30, se podrían crear miles y miles de autorizaciones de VTC, en violación de la directiva.

Muchos taxistas no eran conscientes del peligro porque Uber todavía no estaba muy bien establecido en el estado español. Tampoco podrían saber que un grupo de líderes de asociaciones de taxis muy importantes se volvería en contra de sus propios miembros y trabajadores, aprovechando esta nueva laguna para solicitar estas nuevas autorizaciones de VTC. Hoy, sus flotas son las más grandes del sector VTC y trabajan para las plataformas digitales internacionales Uber y Cabify. El taxista de España fue traicionado por sus propios representantes.

La batalla 1/30

En 2015, la ratio de 1/30 se reestableció en España mediante un real decreto, pero intencionalmente o no, no se formuló bien y dejó muchos resquicios para evitar su aplicación. La revocación del número excesivo de autorizaciones de VTC se reestableció en 2018 cuando el Decreto se elevó al estatus de ley, gracias al apoyo de Podemos y el PSOE, por lo que no se permitieron más autorizaciones.

El coste de una autorización de VTC era de 36€ por honorarios administrativos, pero poco después se vendían por 7,000-8000 € en el mercado libre, en paquetes de cientos o miles de autorizaciones. Este fue un gran negocio para personas relacionadas con el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones, y para Cabify, que se hizo desde inicio con la mayoría de las licencias VTC de la ciudad en circulación, contribuyendo después a inflar los precios manipulando el mercado a través de los canales políticos

En 2018, poco antes de que este real decreto se convirtiera en ley, Uber, junto con la CNMC (la autoridad española de la competencia) denunció la relación 1/30 y se opuso a los taxistas en el Tribunal Supremo, el más alto tribunal de España, al presentar una apelación . El Tribunal falló a favor del sector del taxi, indicando que la ratio 1/30 estaba de acuerdo con la ley, siendo una medida para preservar el taxi como un servicio de interés general.

Sin embargo, debido a los errores de los políticos y luego a la traición de los dirigentes del taxi, miles de autorizaciones de VTC solicitadas entre 2013 y 2015 entraron en funcionamiento hasta 2018. Por ello, en julio de 2018 hubo una gran movilización del sector de taxis a nivel estatal, que llevaría al gobierno del PSOE a aprobar un nuevo decreto para tratar de aliviar esta situación.

El Decreto Ábalos resultante transfiere las competencias en el campo del transporte desde el gobierno central a los gobiernos autonómicos, que son los que otorgan las licencias interurbanas (permisos para el transporte entre comunidades autónomas) y a los ayuntamientos, que a partir de entonces tienen el poder tomar medidas que permitan reducir el número de autorizaciones de VTC. Sin embargo, esta reducción no sería inmediatamente aplicable. Se estableció una moratoria de cuatro años a partir de la redacción del decreto para compensar la supuesta pérdida financiera sufrida por los propietarios de las VTC. En otras palabras, en septiembre de 2022, los vehículos sin licencia urbana serán ilegales.

La vuelta al poder del PP en Madrid

El decreto fue redactado como una solución del gobierno para solucionar el incumplimiento de la ratificación del Tribunal Supremo de la relación 1/30. En Madrid, las asociaciones de taxis comenzaron a aplicar presión exigiendo más regulación para las VTC, a través de una huelga que duró 16 días. El Ayuntamiento, en ese momento dirigido por el izquierdista Ahora Madrid, aprobó una ordenanza en la que se limitaría el número de vehículos que funcionaban en un 25 por ciento durante la semana y hasta un 50 por ciento en fines de semana.

Después de las elecciones municipales de 2019, Ahora Madrid fue reemplazado por la coalición neoliberal de derecha dirigida por el Partido Popular (PP), conocido por su corrupción. Por su lado, la Comunidad de Madrid también pasaría a ser liderada por el PP, y en lugar de tomar medidas regulatorias contra los VTC, haría exactamente lo contrario. Es decir, el PP facilitó la entrada de grandes empresas como titulares de licencias de taxi en detrimento de los pequeños autónomos. Esto también facilita la entrada de Uber y Cabify, ya que son intermediarios que trabajan exclusivamente con grandes flotas, que les permiten un mayor volumen de facturación.

Este fue el primer paso hacia la liberalización del servicio de taxi, proceso al que se oponen varias asociaciones, como por ejemplo la Federación de Taxi de Madrid y nosotros, Taxi Project 2.0.

Una de estas primeras medidas del nuevo ayuntamiento liderado por el PP fue revocar la ordenanza del VTC redactada por el anterior ayuntamiento de izquierda de Ahora Madrid, y anunciar que iban a introducir una ordenanza para liberalizar el sector del taxi. Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid está creando otra ley hecha a medida para Uber sin restricciones de tiempo ni basada en criterios de movilidad o medioambientales. Están ampliando la actividad de este tipo de vehículos y asfixiando a los pequeños autónomos, ya que la uberización significa la saturación de los taxis justo cuando no hay demanda después de la pandemia.

Puertas giratorias

Esta es la situación hoy en Madrid. Hay un debilitamiento deliberado del Decreto Ábalos, pensado específicamente para restringir el modelo de Uber. El gobierno puso la solución en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y en Madrid los políticos están aprobando las leyes que Uber les dicta. Han hecho lo mismo en el pasado con la salud, la educación y las infraestructuras. Su política es privatizar todo lo que es de público y común, generalmente para darlo a sus clientes y amigos. En el caso del transporte, más allá de los impactos en la movilidad, esta privatización tendrá severos impactos negativos en nuestra salud, ya que permite a estas compañías operar sin controles, contaminar el aire, generar ruido y poner en peligro a los peatones al aumentar el número de vehículos privados en la ciudad por encima de lo asumible.

Es importante señalar que la nueva directora de Comunicación de la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, Carla Cabedo, es una ex directora de comunicación de Uber, y que la ex consejera de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, agencia que regula a empresas como Uber y Cabify, Marta Plana, ahora trabaja para Cabify como responsable de la regulación global y asuntos públicos. Además, el responsable de relaciones institucionales en Uber es el ex diputado del Partido Popular, Ildefonso Pastor, y el ex dirigente de una de las grandes asociaciones del taxi y ahora empleador de VTC, José Luis Funes, también ha aparecido en varias listas de este partido político.

Además, Uber ha estado difundiendo noticias falsas durante meses, anunciando que hay cientos de taxistas trabajando con su aplicación, aunque esto no es cierto. Los taxistas que usan la aplicación de Uber son empleados de empresas de transporte cuya actividad principal se centra en VTC y que usan Uber y Cabify como sus principales plataformas digitales. Esta es una proporción muy pequeña del sector del taxi.

Mi teoría es que una vez que se haya ejecutado su plan de penetración en el sector del taxi, estas empresas tendrán una buena plataforma desde la que obtener financiación pública y subordinar todas las empresas de transporte de la ciudad a su operativa. Su objetivo final es la monopolización: cada viaje realizado en una ciudad sea con el transporte que sea deba pasar por su aplicación, para que siempre puedan extraer una comisión a través de una tarifa. Esto es lo que nos enfrentamos.

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